Contratos públicos: cifras de 2019 y novedades para 2020

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A falta de los datos completos de 2019, el primer semestre del año fue muy positivo en concursos públicos. Hubo un 175 % más de licitaciones públicas que en el mismo semestre del año anterior, según Gedesco. 

Este dato confirma el enorme peso de la Administración pública en España. Eso sí, no todos los sectores tienen la misma relevancia en cuanto a contratos públicos y licitaciones. En concreto, las obras y las infraestructuras gozan históricamente de una larga tradición en los contratos públicos. Pero curiosamente se situaron a la cabeza los concursos públicos convocados por Defensa.

 

Objetivo: más acceso a las pymes 

El Gobierno sacó en enero de 2020 una guía diseñada para que la pequeña y mediana empresa pudiese conocer más en profundidad la realidad de los contratos públicos. Esta información aportará a los empresarios más herramientas para optar a las licitaciones. 

De esta forma, se trabaja para que el perfil de contratista sea más heterogéneo y no esté tan encasillado en empresas con una estructura de trabajadores y un volumen de facturación elevado.

 

Ampliación del periodo de adaptación al nuevo régimen de clasificación de contratistas

El Gobierno en funciones aprobó en diciembre de 2019 unas nuevas fechas para facilitar la información relativa a la clasificación de contratistas de obras y servicios. Las empresas que licitan proyectos de la Administración pública debían adaptarse a esta nueva regulación antes del 1 de enero de 2020.

En previsión de que este trámite iba a dejar a una gran parte de las empresas fuera para optar a concursos públicos —solo una pequeña parte había enviado la información—, se establecieron dos nuevas fechas.

El 1 de enero de 2021 es el límite para que los contratos superiores a 5 000 000 € en el caso de obras y 1 200 000 € para servicios. Si hablamos de los contratos de cuantía igual o inferior a esas cifras, el periodo expira el 31 de diciembre de 2021.

 

Garantías técnicas del 5 % para concursos públicos

Las empresas que concursan en licitaciones públicas están obligadas a presentar una garantía técnica, generalmente definitiva, si están entre las mejores ofertas. En el caso de que se elija su proyecto está obligada a depositar el 5 % del importe total del presupuesto final, excluido el IVA. 

En algunos concursos públicos también se pide una garantía del 3 % para presentarse a la licitación, esta garantía es lo que se denomina como garantía provisional. 

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